La situación que atraviesa el sector industrial en Corrientes volvió a ocupar un lugar central en el debate político provincial durante la última sesión de la Cámara de Diputados de Corrientes. En ese ámbito se analizó un proyecto de ley orientado a brindar asistencia a los trabajadores que quedaron sin empleo tras la paralización de la empresa textil Emilio Alal SACIFI en la ciudad de Goya.
La iniciativa fue presentada y defendida por la diputada Cecilia Gortari, quien solicitó que el proyecto sea tratado con carácter prioritario en la próxima sesión legislativa. Según explicó la legisladora, la situación de las familias afectadas requiere una respuesta rápida debido al impacto social que generó el cierre de la fábrica.
El proyecto propone declarar un estado de emergencia y establecer un mecanismo de asistencia económica destinado a aproximadamente 240 trabajadores que perdieron su fuente laboral tras la interrupción de las actividades de la empresa. No obstante, durante la sesión el oficialismo decidió no otorgar prioridad al tratamiento de la iniciativa, por lo que finalmente fue derivada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y de Legislación del Trabajo para su análisis correspondiente.
En su exposición, Gortari remarcó que el cierre de la planta tiene consecuencias profundas para la comunidad goyana, ya que se trataba de una de las pocas industrias que aún mantenían actividad en la ciudad. Además, vinculó esta situación con las dificultades que atraviesa el entramado productivo de la provincia y recordó otros antecedentes que afectaron a la economía regional, como la crisis del sector tabacalero tras la salida de Massalin Particulares.
Durante el debate también se señaló que los trabajadores despedidos todavía no han recibido las indemnizaciones correspondientes, debido a que el conflicto se encuentra en proceso judicial. Esta situación genera incertidumbre entre las familias afectadas, que aún no tienen claridad sobre cuándo podrán acceder a esos recursos.
Mientras tanto, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Goya implementaron algunas medidas de acompañamiento, entre ellas la entrega de bolsones de alimentos, kits escolares y el compromiso de cubrir parcialmente los costos de servicios básicos como la electricidad y el agua. Sin embargo, desde sectores de la oposición sostuvieron que esa ayuda resulta limitada frente a la magnitud del problema social que provocó el cierre de la empresa.
El proyecto legislativo plantea otorgar a cada trabajador despedido una asistencia económica equivalente a un salario mínimo, al menos hasta que se resuelva la situación judicial. Asimismo, propone avanzar con un programa de alivio financiero que permita a las familias afrontar deudas y compromisos económicos mientras se busca una salida al conflicto.
En el marco del debate, el diputado Emiliano Fernández Recalde recordó el antecedente de la crisis de la empresa Forestadora Tapebicuá, donde el Gobierno provincial implementó un esquema de asistencia económica temporal durante tres meses para los trabajadores afectados.
Según sostuvo el legislador, este tipo de medidas pueden resultar fundamentales para que las familias puedan sostener sus gastos básicos en momentos de crisis, mientras se intenta encontrar soluciones que permitan recuperar la actividad productiva o generar nuevas oportunidades laborales en la región.
